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Los senadores tratarán reclamos sobre Yacyretá

Consultado ayer el senador Noel Breard (que fue uno de sus autores) por este diario, aseguró que el proyecto, acompañado por otros legisladores -como Carolina Martínez Llano del justicialismo-, tiene el número exigido e ingresará en la próxima sesión en el orden del día.

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El proyecto de marras, en su artículo segundo, apunta a reivindicar como de dominio provincial el Complejo Binacional Hidroeléctrico Yacyretá en la parte que le corresponde a la República Argentina, por razones de reparación histórica. Invoca la Cláusula para el Progreso del artículo 75 inciso 18 y 19 de la Constitución Nacional, de igualdad de trato respecto de la Alta Parte Contratante (Paraguay, que aportó lo mismo que Corrientes y tiene el 50 por ciento de la represa), y de compensación por trato discriminatorio (el Tratado original previó el efecto espejo incumplido de realizar iguales inversiones para el desarrollo local y regional en ambos países contratantes).

Se establece seguidamente que la Provincia de Corrientes debe recibir por el fruto generado por la explotación de los recursos naturales, lo mismo que recibió la contraparte contratante de Argentina desde el año 1994 (energía de libre disponibilidad en el mismo porcentaje y recursos dinerarios que aporta a la otra parte) como así también para el futuro, en las mismas condiciones que la contraparte.

En otro artículo se instruye al Poder Ejecutivo provincial a que realice todas las acciones políticas y jurídicas para lograr el objetivo de esta ley, en particular la concreción de un proyecto de ley nacional para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad en la parte correspondiente a la República Argentina.

Este punto resulta oportuno habida cuenta que el gobernador electo, Gustavo Valdés, tras visitar al presidente Mauricio Macri, aseguró que defenderá los recursos de Corrientes.

En lo que hace al proyecto sobre Yacyretá, su autor puso de manifiesto que sus artículos constituyen el presupuesto de base mínima de la negociación con el Estado nacional y del proyecto de ley a presentarse ante el Congreso de la Nación.

COMPARACIONES

En la exposición de motivos del proyecto, se señala que existen precedentes de obras financiadas y pagadas por el Gobierno nacional que fueron transferidas a título gratuito a la Provincia de Córdoba, como es el caso del Complejo Río Grande ubicado en dicha provincia, instrumentado por la Ley 24.911 sancionada el 3 de diciembre de 1997 y promulgada de hecho el 5 de enero de 1998.

"Queda claro de esta manera -se argumenta- que, a diferencia de otras provincias, Corrientes no pretende recibir a título gratuito ningún tipo de beneficio, sino lograr el justo y equitativo reconocimiento de lo que constitucionalmente le pertenece, y un trato similar al dispensado a la contraparte, cuestiones que quedaron plasmadas en el Tratado, y que fueron actualizadas a través de la reciente suscripción del Acta de Entendimiento entre la República del Paraguay y la República Argentina firmada el 4 de mayo de 2017, de acuerdo a las previsiones del Tratado que dispone la revisión del Anexo C al cabo de los 40 años".

Luego se apunta: ¿Qué hecho nuevo surgió para que Corrientes reivindique la propiedad del recurso y sus frutos? El artículo 124 de la Constitución Nacional que da fecha cierta al reconocimiento del derecho de la provincia de Corrientes, el que establece en su segundo párrafo que "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", aspecto este consolidado en la reforma de la Constitución de Corrientes de 2007 que ratifica ese derecho.

A tal efecto deberá promoverse la formación de una comisión conciliadora que liquide los montos adeudados a la Provincia de Corrientes, desde 1994 a la fecha, como producto de que los derechos no fueron oportunamente reconocidos.

Más adelante se afirma, con la Constitución nacional a la vista, que aludiendo al mismo paradigma la Provincia de Corrientes, que posee un recurso natural que es el agua, es el equivalente y deberá tener el mismo trato que el petróleo para las provincias petroleras, es decir, se puede convenir entre partes provinciales, nacionales e internacionales. "Concluyendo el silogismo que venimos construyendo, el agua debe ser considerada, a los efectos de su aprovechamiento y explotación, y fruto, como el petróleo en los casos de las provincias petroleras", afirma Breard. Y pone como ejemplo de ello el proceso de negociación por el yacimiento denominado Vaca Muerta.

Exposición de motivos

En su nota de exposición de motivos al Presidente de la Cámara de Senadores, los autores del proyecto plantean, entre algunas de las cuestiones, que existen precedentes de obras financiadas y pagadas por el Gobierno nacional que fueron transferidas a título gratuito a la Provincia de Córdoba, como es el caso del Complejo Río Grande ubicado en dicha provincia, instrumentado por la Ley 24.911 sancionada el 3 de diciembre de 1997 y promulgada de hecho el 5 de enero de 1998 (Boletín Oficial 1/9/1998).

Lo que demuestra que una ley del parlamento argentino puede resolver la cuestión que planteamos, más aún cuando estamos pidiendo recuperar la propiedad, no en forma gratuita, sino cumpliendo los compromisos futuros en las mismas condiciones que la contraparte en el Ente Binacional, es decir un porcentaje ceder al Gobierno Nacional a efectos de que impute a los servicios de la deuda, y un porcentaje de libre disponibilidad para la Provincia de Corrientes. Queda claro de esta manera que, a diferencia de otras provincias, Corrientes no pretende recibir a título gratuito ningún tipo de beneficio, sino lograr el justo y equitativo reconocimiento de lo que constitucionalmente le pertenece, y un trato similar al dispensado a la contraparte, cuestiones que quedaron plasmadas en el Tratado, y que fueron actualizadas a través de la reciente suscripción del Acta de Entendimiento entre la República del Paraguay y la República Argentina firmada el 4 de mayo de 2017, de acuerdo a las previsiones del Tratado que dispone la revisión del Anexo C al cabo de los 40 años.

¿Qué hecho nuevo surgió para que Corrientes reivindique la propiedad del recurso y sus frutos? El artículo 124 de la Constitución Nacional que da fecha cierta al reconocimiento del derecho de la provincia de Corrientes, el que establece en su segundo párrafo que "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", aspecto este consolidado en la reforma de la Constitución de Corrientes de 2007 que ratifica ese derecho. A tal efecto deberá promoverse la formación de una comisión conciliadora que liquide los montos adeudados a la Provincia de Corrientes, desde 1994 a la fecha, como producto de que los derechos no fueron oportunamente reconocidos. Debiendo tenerse en cuenta dos principios de Derecho Administrativo: que estamos ante una manda de orden público donde no se podrá alegar por parte de la Nación la teoría de los propios actos, la renunciabilidad de los derechos, ni que se pagaron regalías sustitutivas; debiendo también tenerse presente que no podrá alegarse prescripción de derechos por parte de la Nación invocando el Código Civil y Comercial, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en fallo unánime y de precedente extraordinario, cuando se discutió la detracción del 15 por ciento de la coparticipación de Santa Fe a favor de la Anses, al oponerse prescripción de derechos por el Estado Nacional contra la Provincia de Santa Fe, la Corte sentó la buena doctrina que el derecho público tiene una lógica distinta a la del derecho privado, rechazando la prescripción así invocada (Csjn 24/11/2015, fallos: 338:1389).

La reforma constitucional de 1994, en el artículo 124, implicó un cambio de paradigma y transferencia de recursos espectaculares del conjunto de la Nación a un grupo de provincias denominadas petroleras. El ejemplo más conocido es que el Gobierno nacional otorgó más 500 millones de dólares durante el mandato de Menem a la Provincia de Santa Cruz para habilitar el proceso de privatización de YPF. Pero aún más, para que se entienda la lógica de lo que implicaba esta Reforma, las provincias petroleras, siendo propietarias de su recurso natural, negociaron con Cancillería del gobierno nacional y gobiernos y empresas extrajeras, el negocio del petróleo. Ello es perfectamente compatible y cada uno juega su rol.

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